🔥 Apagones, aumentos y reclamos: ¿qué podemos hacer?

En una entrevista exclusiva con Claudia Formi, pte. de la Unión de Usuarios y Consumidores Córdoba Capital analizamos la crisis del servicio eléctrico en Córdoba. Los cortes de luz se multiplican, las tarifas suben sin control y los usuarios quedan desprotegidos. ¿Quién responde? ¿Qué soluciones hay?

Fuente: Foto gentileza de Claudia Formi

Durante los últimos días, Córdoba presenció cortes de luz en varios lugares de la provincia. Por eso, decidimos entrevistar a la abogada Claudia Formi, quien es presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores de su ciudad, además de participar activamente en espacios comunitarios, cooperativos y sociales. 

 

Revista Vértices: ¿Qué opinión tiene sobre la prestación del servicio de electricidad, tarifas y cortes de luz.  Cuáles son las principales acciones que debería tomar la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Córdoba para evitar futuros apagones?

 

Claudia Formi: Bueno, tu pregunta va dirigida a la cuestión energética puntualmente. Creo que para entrar en el tema, tenemos que partir de por qué nos encontramos en esta situación. Y no podemos dejar de resaltar que se trata del modelo de país que este gobierno trajo consigo para implementar en la Argentina, que es un Estado ausente de las necesidades de la gente, que es un Estado pequeño, donde desde el gobierno  concibe en definitiva, que todo lo que va a satisfacer necesidades de la gente y en sus diferentes aspectos, que consideramos servicios esenciales como educación, salud, servicios públicos, vivienda entre otros,  para el gobierno es un gasto y la sociedad debe resolverlo por sí. Por eso nos encontramos en esta situación, con incrementos descomunales y sumado a la falta de control, porque también de esa función se corrió el Estado respecto a como se están cumpliendo esos temas por parte de las empresas.

 

Además de lo mencionado, en lo relativo a la cuestión energética se han establecido una segmentación en categorías,  por sector poblacional en un nivel 1, o sea N1, N2 y N3. Conforme sus ingresos y una serie de requisitos previstos. Sobre el N1 no se aplica subsidio por lo que paga tarifa plena, el N2 ingresos más bajos y N3 ingresos medios sí se aplica subsidio, pero el mismo se ha visto reducido en porcentaje y además sobre el bloque de consumo que se debe aplicar, lo que ha impactado significativamente. Cada uno de estos niveles está sujeto a diferentes esquemas tarifarios, lo cual afecta directamente a la capacidad de los usuarios para afrontar los costos de la energía. Esta segmentación, aunque necesaria para una distribución equitativa del recurso, se ha convertido en una trampa económica para muchos ciudadanos debido a los aumentos desmedidos y a la falta de planificación adecuada por parte de los organismos responsables.

 

Además, debemos poner en debate la falta de inversión en infraestructura energética. La falta de mantenimiento en las redes de distribución y la obsolescencia de las estaciones transformadoras generan una vulnerabilidad extrema en el servicio. Las asociaciones de consumidores deben exigir auditorías públicas para determinar si realmente se han realizado las inversiones prometidas y si los incrementos tarifarios han sido aplicados con justificación técnica y no simplemente con un afán recaudatorio.

 

Por otro lado, no podemos dejar de soslayar también, y que ya lo venimos viendo y que ya nos está impactando, los cortes reiterados en el suministro eléctrico. Sin ir más lejos, el 3 de febrero en la ciudad de Córdoba sufrimos un corte que duró unas horas y fue masivo, y no solamente en la ciudad de Córdoba, sino que se ha dado en diferentes distribuidoras del NOA y del NEA. Esta situación nos obliga a cuestionar la capacidad de previsión y respuesta de EPEC, ya que, a pesar de los incrementos en las tarifas, la infraestructura sigue siendo deficiente. Es fundamental exigir auditorías sobre las inversiones realizadas en mantenimiento y ampliación del servicio eléctrico, con el objetivo de evitar que estos episodios se repitan en el futuro.

 

Revista Vértices: ¿De qué manera podría garantizarse una compensación justa para los usuarios afectados por el corte de energía?

 

Claudia Formi: Con relación al tema de recursos y herramientas que tenemos usuarios y consumidores y las asociaciones puntualmente, no podemos dejar nuevamente de soslayar la cuestión de que cada día tenemos menos recursos y menos herramientas de reclamo. Esto debido, volvemos a lo mismo, a la decisión de este modelo de país impuesto por este gobierno.

 

Uno de los mecanismos más urgentes que se deberían implementar es un sistema automático de compensación económica por cada hora sin servicio, similar al que se aplica en otros países donde los usuarios reciben un descuento automático en su próxima factura. Además, es fundamental garantizar que las empresas distribuidoras de energía cumplan con su obligación de brindar información clara y detallada sobre las razones de los cortes y las medidas correctivas que están tomando.

También es necesario legislar para que la compensación por cortes prolongados no dependa de la presentación de un reclamo individual, sino que sea otorgada de manera general a todos los afectados. Se debe impulsar un mecanismo de sanción para las empresas que no cumplan con los tiempos de reposición del servicio establecidos por ley.

 

Revista Vértices: ¿Qué mecanismos de control y supervisión deberían implementarse para que EPEC rinda cuentas sobre la situación?

 

Claudia Formi: Con relación a los mecanismos de control y supervisión que deberían implementarse para la defensa de los derechos, yo creo que, y básicamente el fortalecimiento de las asociaciones de defensa de los derechos de usuarios y consumidores, como por ejemplo la Unión. Estas asociaciones son representativas, representan los derechos, entonces que estén fortalecidas para que se pueda escuchar la voz y que seamos receptoras de todos los reclamos, de cada uno de los incumplimientos en que los entes públicos incurren al momento de la prestación del servicio público esencial, ya sea de gas, de luz, de agua, que son derechos humanos, es elemental.

 

Asimismo, se deben implementar auditorías independientes sobre las inversiones y el mantenimiento que realiza EPEC en su infraestructura. Los usuarios tienen derecho a conocer en qué se utilizan los fondos que pagan mes a mes y si estos recursos realmente se destinan a mejorar la calidad del servicio.

 

Otra cuestión clave es la digitalización y transparencia en la gestión de reclamos. Debe existir un registro público de cortes con información detallada sobre las razones de la interrupción, la cantidad de usuarios afectados y el tiempo de resolución.

 

Fuente: Foto gentileza de Claudia Formi
Fuente: Foto gentileza de Claudia Formi

Revista Vértices: ¿Cómo podrían los ciudadanos organizarse para exigir una mejor calidad del servicio eléctrico?

 

Claudia Formi: Entendemos que todavía está vigente la posibilidad de que los usuarios del servicio energético puedan verificar el estado de su factura y realizar la segmentación correspondiente mediante el RASE, que es el registro de acceso a la segmentación energética. La Secretaría de Energía revisa la situación, cruza datos y si lo considera recategoriza al usuario.

 

No obstante, además del acceso a la segmentación, los ciudadanos deben organizarse a través de asociaciones de usuarios y consumidores, realizando peticiones conjuntas y manifestaciones pacíficas para exigir una mejora en el servicio. Es clave la participación en audiencias públicas y la difusión en medios de comunicación para visibilizar las problemáticas que enfrentan los usuarios.

 

También es fundamental generar espacios de debate en las comunidades barriales, donde los vecinos puedan compartir sus problemáticas y definir estrategias colectivas para reclamar por un servicio de calidad.

 

Revista Vértices: ¿Cuáles son los riesgos más graves que enfrentan los consumidores cuando ocurren cortes de energía prolongados?

 

Claudia Formi: Con relación a los riesgos que puedan sufrir las personas con cortes prolongados en la energía, primero tenemos que poner sobre la mesa la cuestión de los electrodependientes, que si sufren cortes prolongados los daños son irreparables en su salud y en su vida. Luego, en cuanto a la cuestión de los comercios y PyME, los costos de los daños son elevadísimos y su recuperación imposible.

 

También hay que considerar el impacto en la seguridad. Con la falta de iluminación en las calles y en las viviendas. Además, por supuesto y de vital importancia en hospitales y centros de salud, los cortes de energía pueden generar un grave perjuicio en la atención de los pacientes.

 

En cuanto a los riesgos de que se puedan quemar electrodomésticos o pérdidas de electrodomésticos en el hogar por las subas y bajas en la tensión eléctrica, lo que aconsejamos es tener actualizados los formularios donde se cargan los datos de los electrodomésticos en el hogar, entonces de esa forma facilita el reclamo si eventualmente se quema algún electrodoméstico. También es importante que las empresas proveedoras del servicio eléctrico sean obligadas a responder rápidamente ante estos reclamos y compensar a los usuarios afectados de manera eficiente.

 

Otros contenidos

🥬 Los alimentos sanos tienen que ser un derecho para todos

La cooperativa TAKU como ejemplo de soberanía alimentaria, economía regional y lucha desde abajo. Desde Capilla del Monte, la Cooperativa articula producción, inclusión, redes solidarias y una fuerte crítica al modelo económico vigente. En esta nota, Vértices recupera las palabras de Omar Grillo,integrante de la cooperativa y referente del Movimiento Popular La Dignidad, no solo para actuar una forma diferente de circuito económico social alimentario sino también para pensar otra forma de hacer política.

✊🏻 Gervasio Muñoz: "La libertad del mercado nos condenó al desamparo habitacional"

El referente nacional de Inquilinos Agrupados y una de las voces más activas en defensa del derecho a la vivienda, analiza en profundidad el impacto del DNU de Milei, el rol histórico del Estado desde la dictadura hasta hoy, y traza un mapa político y regional del drama habitacional. Con una trayectoria de más de una década en la organización inquilina, advierte: “El mercado decide todo, y el Estado lo habilita".