Carlos Baravalle es productor agropecuario y analista de sistemas, también es vicepresidente de Base Federada y desarrollador de la plataforma Tablero GBC. Radicado en Carrilobo, donde orienta su producción a la ganadería de cría y a la agricultura, cuenta con una amplia trayectoria en la vida gremial: fue presidente de la filial local de Federación Agraria Argentina. El dirigente alerta en la nota que el gobierno dejó liberado el mercado del agro: se importa comida, no se cuida al que produce, y los precios los manejan los grandes. “Estamos en un campo de la desregulación total”, resume.
“La formación de precios hoy está atada a la decisión política de Milei de habilitar una brutal importación de alimentos”, arranca Baravalle. Y enumera: “Desde vino, tomate, zanahoria, cebolla, yerba e incluso carne, todo se está trayendo de afuera”. Según él, lejos de beneficiar al pueblo, esta política persigue un objetivo estadístico: “No lo hace pensando en la sociedad, sino en que le cierre el número de la canasta alimentaria”.
En ese esquema de importación salvaje, las consecuencias son inmediatas para quienes producen en el país: “Ese precio artificial que se impone termina generando una pérdida cuantiosa en todas las economías regionales”. Y aunque en el corto plazo pueda parecer un beneficio para el consumidor, Baravalle lo advierte: “Es un alivio momentáneo que se transforma en boomerang: cuando ya no queden productores, los precios van a explotar”.
Para Baravalle, el fenómeno tiene nombre y apellido: desregulación total. “No somos formadores de precios. Los fijan los grupos económicos o el mercado internacional”, denuncia. “En muchos casos, entregamos el producto y recién al mes sabemos cuánto vamos a cobrar, como pasa con la leche”.
Esa incertidumbre se profundiza por el desierto normativo que recubre el mundo rural. “En el agro no hay reglas, no hay regulaciones, no hay nadie que proteja al productor chico o mediano”, remarca. “Todo queda librado a la mejor oferta, como en los arrendamientos. Y eso termina beneficiando al que más espalda tiene”.
Pero el problema no es sólo la falta de leyes, sino también la falta de voluntad política. “No he visto ninguna acción concreta de YPF Agro para nosotros. Tampoco del Banco Nación. Todo depende de una decisión política que no existe”, dice. Para Baravalle, el eje de cualquier cambio debería ser claro: “Primero hay que debatir cuántos productores queremos tener en Argentina. Si no se discute eso, no va a haber políticas públicas reales”.
En este escenario, la concentración de la tierra avanza sin freno. “Hay una lucha desigual contra poderes económicos y hasta contra fondos que lavan dinero en el agro”, afirma. “Uno compite con todo eso, sin margen, y lo que queda es resistir o alquilar el campo”.
Y esa lógica arrastra a quienes padecieron el modelo a reproducirlo: “Muchos terminan alquilando su campo a pools de siembra y no al vecino. Porque cuando te rendís, también pensás con la cabeza del que te ganó”.
“La concentración es feroz, silenciosa y despiadada”, resume Baravalle. Y el futuro no parece más alentador: “Después de tantos años, uno no puede hablar de una nueva generación en el campo. Se subdivide la tierra, se achica la escala, y no hay condiciones para que alguien continúe”.
La liberalización del agro argentino es mucho más que una política económica: es una maquinaria que destruye tejido social, elimina diversidad productiva y deja el alimento en manos de los especuladores. “Se extraña que el Estado esté presente. Nosotros creemos en un Estado que regule. Pero eso ya no está”.
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