🏠📚 Estudiantes deben alejarse de la universidad para poder pagar más barato
La brutal suba de los alquileres en San Fernando del Valle de Catamarca está forzando a muchos estudiantes a abandonar sus carreras. Alejandra Bustos, estudiante de Filosofía y militante de Hacer Historia - MPE, relata cómo la falta de accesibilidad, la especulación inmobiliaria y la falta de regulación del mercado de alquileres la alejan de la universidad y ponen en jaque el derecho a la educación superior.
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Editorial
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Fuente: Foto Villa María Educativa
La educación universitaria en Argentina enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: el acceso a la vivienda para los estudiantes que provienen del interior de las provincias o de zonas alejadas de los centros educativos. En San Fernando del Valle de Catamarca, el problema es cada vez más grave. Alejandra Bustos, estudiante del profesorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), es un testimonio vivo de esta realidad.
"Nos ha vuelto muy difícil sostener esta situación. Los alquileres alrededor de la universidad, o medianamente cerca, se han vuelto imposibles de pagar", relata Alejandra, quien tuvo que mudarse a una zona más alejada para poder continuar con sus estudios.
La situación ha llegado a extremos alarmantes. En 2022, un monoambiente cerca de la universidad costaba alrededor de 20.000 pesos mensuales. En 2023, la cifra ascendió a 37.000 pesos. Para 2024, el monto alcanzó los 88.000 pesos y, en 2025, un nuevo contrato exige un ingreso inicial de 500.000 pesos y una cuota mensual de 280.000 pesos. "Es imposible pagar esos montos con un ingreso de estudiante", señala Alejandra.
Además, el escenario contractual es cada vez más inestable. "Si bien yo tenía un contrato, cuando asumió el nuevo gobierno, se rompió y me aumentaron el precio", denuncia Alejandra. La falta de regulación deja a los inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad, sin ninguna garantía de que puedan sostener sus estudios sin interrupciones económicas.
Las consecuencias de esta crisis no tardaron en hacerse notar. "Cada vez son más los compañeros que deben buscar otras opciones porque ya no pueden sostener un alquiler. Algunos optan por vivir en casas prestadas, en habitaciones compartidas con varias personas o, directamente, dejar de estudiar", explica Alejandra. La educación superior, que debería ser un derecho, se está convirtiendo en un privilegio accesible solo para quienes pueden costearlo.
Este problema afecta especialmente a estudiantes de familias trabajadoras que no pueden costear estos aumentos. "A pesar de las becas nacionales o provinciales existentes, los montos resultan insuficientes para cubrir alquiler, servicios y transporte", agrega Bustos. "El costo de vida sigue subiendo y las becas quedan estancadas".
Algunos estudiantes han optado por vivir en barrios más alejados del centro para pagar alquileres más accesibles, pero esto implica otros desafíos. "Vivir lejos significa gastar más en transporte, perder tiempo en traslados y exponerse a la inseguridad en horarios nocturnos", denuncia Alejandra. La ecuación no cierra: lo que se ahorra en alquiler, se gasta en colectivos y taxis.
Desde distintos sectores estudiantiles y organizaciones universitarias, se reclama una política pública efectiva que contemple el acceso a la vivienda como un derecho fundamental para los estudiantes. "Necesitamos soluciones urgentes como residencias universitarias, subsidios al alquiler o regulaciones claras sobre precios y contratos", sostiene Alejandra. Sin medidas concretas, cada vez más estudiantes se verán obligados a abandonar sus carreras.
En otras provincias del país, algunas universidades han impulsado iniciativas para paliar esta crisis, como convenios con municipios y organizaciones para facilitar alojamientos accesibles. Sin embargo, en Catamarca, estas medidas aún no han sido implementadas de manera efectiva, dejando a los estudiantes a merced de un mercado inmobiliario sin controles.
Mientras tanto, estudiantes como Alejandra Bustos siguen resistiendo, buscando alternativas y visibilizando la problemática con la esperanza de que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde. "No queremos que estudiar sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos", concluye.
Matías Calderón se acaba de graduar, pero no se desvincula de la lucha. Su testimonio, recogido por Revista Vértices, revela las condiciones cada vez más precarias de quienes estudian en la Universidad Nacional de Tucumán, pero podría hablar por miles en todo el país. El acceso a un plato de comida, un cuadernillo o un pasaje se convierte en un obstáculo cotidiano. Mientras el Estado reduce el presupuesto universitario y abandona las políticas de contención, el movimiento estudiantil responde con ollas populares, becas autogestionadas y redes de solidaridad. La nota no solo denuncia la indiferencia oficial, sino que subraya una verdad incómoda: la educación pública hoy se defiende a fuerza de militancia y ayuno. El estudiante es un consumidor vulnerable, pero también un actor político que se organiza cuando ya no hay otra opción.
El Congreso de la Federación Universitaria Argentina se llevó a cabo en un contexto de movilización estudiantil y crisis económica. Macarena Videla, integrante del Movimiento de Participación Estudiantil, expone su visión sobre los desafíos actuales y los irregularidades del proceso electoral en la FUA.
