Conoce la letra chica de la nueva Constitución de La Rioja, donde establece que los servicios públicos son de propiedad estatal y su concesión a privados debe estar regulada por ley. Además, otorga prioridad a las cooperativas, promoviendo un modelo de gestión con participación ciudadana, tarifas justas y acceso equitativo para todos.
Artículo 97º.- Servicios Públicos. Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la Provincia o a las municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas.
De esta manera, la Constitución de La Rioja protege a los consumidores y usuarios al asegurar que los servicios públicos sean gestionados con un enfoque social y regulado, bajo la lógica de la democracia participativa. La preferencia por cooperativas no solo busca su participación en el mercado desde la economía social, sino que también refuerza la participación ciudadana, el acceso equitativo y tarifas justas.
Por si fuera poco, la reforma garantiza la supervisión estatal, asegurando la calidad y continuidad del servicio, evitando monopolios y priorizando el interés general sobre el lucro privado.
📖 Fuente: Constitución de La Rioja 2024, Artículo 97.
La ANMAT publicó en el Boletín Oficial cambios que redefinen la aplicación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Con la excusa de “ajustar” y “mejorar” la implementación, se flexibilizan controles, se habilita el agotamiento de stock sin rotulación clara, y se consolida un giro hacia la lógica de la industria. ¿Más salud o más marketing?
Una guía extensa para entender los recientes cambios en las normativas alimentarias, las nuevas reglas de importación y exportación, y las claves que todo consumidor debe tener en cuenta para cuidar su salud en un mercado cada vez más globalizado
El Concejo Municipal de Rosario aprobó el Ordenanza N.o 7882, que incorpora una reforma sustancial a la normativa 5.442, al crear un nuevo órgano dentro de la Oficina Municipal del Consumidor: el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda de la Vivienda y de los Bienes de Producción de los Pequeños y Medianos Empresarios. La medida apunta a fortalecer la protección de los sectores vulnerables, en especial familias con vivienda única en riesgo y pequeños emprendedores que dependen de sus herramientas de trabajo para subsistir. El nuevo Consejo nace como respuesta institucional ante el crecimiento de prácticas desleales, embargos y remates que afectan el entramado social.
