El fiscal del gobierno de Javier Milei ha generado un impacto en la vida de las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos fundamentales. La desregulación de prestaciones, los recortes en pensiones y la falta de políticas de inclusión han profundizado en la exclusión social y económica de este colectivo. En la marco de los derechos humanos, organizaciones y referentes exigen una revisión urgente de estas medidas para garantizar la dignidad y la protección de los más vulnerables.
Decenas de sectores de la sociedad civil y política han manifestado su profunda preocupación por el impacto negativo que las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei han tenido en las personas con discapacidad. Las medidas implementadas han deteriorado su calidad de vida, exponiendo a este sector a una mayor precarización y exclusión.
Retroceso en prestaciones y servicios esenciales En mayo de 2024, el gobierno dispuso un aumento del 12% en las prestaciones básicas para personas con discapacidad, medida insuficiente frente a la escalada inflacionaria. En junio, la desregulación del sistema de prestaciones permitió que los prestadores fijaran aranceles sin control estatal, encareciendo servicios esenciales y generando desigualdad en el acceso.
Precarización económica: Desde diciembre de 2023, la liberación de precios ha impactado en jubilaciones y pensiones, dejando a las personas con discapacidad en una situación de indigencia. Las pensiones, calculadas en un 70% de la jubilación mínima, resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas. Además, la política de retención automática de pensiones ante ingresos adicionales impide cualquier mejora en su situación económica.
Recortes en pensiones y acceso restringido: En noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a exigir documentación a miles de beneficiarios bajo amenaza de suspender sus pensiones. En paralelo, el presupuesto 2025 anunció el recorte de al menos 200 mil pensiones por discapacidad. Con la implementación del Decreto 843/2024, el acceso a Pensiones No Contributivas por Incapacidad Laboral se volvió aún más restrictivo, estableciendo requisitos que excluyen a personas con necesidades urgentes de asistencia estatal.
Violación de compromisos internacionales: El Decreto 843/2024 incumple tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, al reforzar un modelo excluyente y marginador. Las restricciones impuestas afectan a menores con discapacidad, quienes quedan sin protección adecuada.
Movilizaciones y rechazo social: Las organizaciones de personas con discapacidad han impulsado movilizaciones en rechazo a estas políticas, como la realizada el 20 de noviembre de 2024 en la Quinta de Olivos. Se reclama la reversión de los recortes, mejoras en las prestaciones y el cese de declaraciones despectivas hacia este colectivo por parte del gobierno.
Conclusión: El ajuste fiscal ha deteriorado gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidad, restringiendo prestaciones y servicios esenciales. La decisión de dar de baja 177.740 pensiones sin auditoría previa evidencia una falta de sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables.
Durante el día de hoy entrevistamos a Emilio Friszman referente de APDH CABA -y coordina la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales del organismo. En este caso analizamos la vulneración del alimento como Derecho Humano atravesado por el costo de la guerra comercial 2.0 reiniciada por Trump, en donde lo único que logrará es profundizar la inseguridad alimentaria en Argentina.
Esa es la disyuntiva que enfrentan miles de inquilinos en Argentina tras la eliminación de la Ley de Alquileres con el Decreto 70/2023. Una reciente encuesta realizada en diciembre de 2024 por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos revela una realidad alarmante: alquileres impagables, contratos cada vez más cortos, aumentos exorbitantes y una ola de endeudamiento que sumerge a las familias en una crisis sin precedentes. La especulación inmobiliaria impone sus reglas y deja en el olvido el derecho a una vivienda digna.
El abogado constitucionalista cordobés reflexiona basándose en un DNU cuestionado por su inconstitucionalidad. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un paso hacia la privatización de un servicio esencial?. De esta manera advierten sobre los peligros de perder el control estatal sobre la energía y denuncian una estrategia que podría derivar en tarifazos y falta de inversión, como ocurrió con Edesur y Edenor.
