Esa es la disyuntiva que enfrentan miles de inquilinos en Argentina tras la eliminación de la Ley de Alquileres con el Decreto 70/2023. Una reciente encuesta realizada en diciembre de 2024 por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos revela una realidad alarmante: alquileres impagables, contratos cada vez más cortos, aumentos exorbitantes y una ola de endeudamiento que sumerge a las familias en una crisis sin precedentes. La especulación inmobiliaria impone sus reglas y deja en el olvido el derecho a una vivienda digna.
El mercado inmobiliario en Argentina ha experimentado una transformación radical tras la eliminación de la Ley de Alquileres a través del Decreto 70/2023. Los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina de diciembre de 2024, realizada por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, reflejan un escenario alarmante para quienes dependen del alquiler para vivir. El nuevo contexto ha impuesto condiciones desfavorables para los inquilinos, con contratos más cortos, aumentos de precios frecuentes y una creciente precarización habitacional.
Uno de los datos más preocupantes de la encuesta es que el 25% de los inquilinos debió mudarse en los últimos tres meses por no poder afrontar el alquiler. En la gran mayoría de estos casos (94%), los contratos estaban por fuera del marco regulador de la ley derogada. Actualmente, solo el 10% de los contratos aún mantiene las condiciones establecidas previamente, con una duración de tres años y actualizaciones anuales.
El informe también evidencia que los nuevos contratos firmados tras el DNU 70/2023 tienen una duración menor a la habitual: el 61,2% de los inquilinos posee contratos de entre uno y dos años, y un preocupante 23,4% tiene contratos de apenas un año o menos. Esta tendencia genera una situación de inestabilidad extrema, obligando a los inquilinos a renegociar o buscar vivienda en plazos muy cortos, con la consiguiente incertidumbre financiera y emocional.
El costo del alquiler ha crecido de manera descontrolada. En promedio, los alquileres han aumentado un 20% en apenas tres meses (de septiembre a diciembre), mientras que a nivel anual los incrementos oscilan entre el 180% y el 210%. Para los contratos firmados bajo el nuevo esquema, los ajustes en el precio son mucho más frecuentes: el 94,3% de los inquilinos enfrenta actualizaciones cada seis meses o menos. Solo un 1,8% de los contratos recientes mantiene un ajuste anual, mientras que el 38,2% sufre aumentos cada tres meses y el 35% cada cuatro meses.
En términos de ingresos, el 42,8% de los hogares inquilinos destinan casi la mitad de sus recursos a pagar alquiler y expensas, sin contar otros servicios. En el caso de aquellos contratos firmados después del DNU, el porcentaje asciende al 44,6%, haciendo que la vida cotidiana sea cada vez más costosa y difícil de sostener.
La falta de regulaciones ha empujado a los inquilinos a una espiral de endeudamiento. Según la encuesta de Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, el 63,7% de los hogares inquilinos tiene deudas, principalmente con bancos emisores de tarjetas de crédito (65,4%), familiares y amigos (38,9%) y plataformas de pago como MercadoPago o Ualá (29,9%). Un dato aún más preocupante es que el 52,6% de los inquilinos endeudados tiene múltiples acreedores, lo que complica aún más su situación financiera.
En términos laborales, el panorama tampoco es alentador. Casi el 39% de los inquilinos tiene más de un trabajo para poder afrontar sus gastos, y el 51% trabaja entre 9 y 12 horas por día. A pesar de esto, el 49,5% de los encuestados considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, y el 38,3% teme que esa posibilidad se concrete.
El informe muestra que el 91% de los inquilinos ha tenido que reducir gastos para poder pagar el alquiler. De estos, el 44,9% ha recortado en alimentación y el 48,4% en salud, una situación que impacta directamente en la calidad de vida de la población. Además, el 22,9% de los encuestados ha experimentado situaciones de violencia en su hogar, con un 17% que reporta haber sido víctima de amenazas o violencia psicológica por parte de propietarios o inmobiliarias.
El DNU 70/2023 ha permitido que el mercado inmobiliario funcione sin restricciones, lo que ha derivado en un sistema donde las inmobiliarias y propietarios dictan las reglas a su antojo. Mientras tanto, los inquilinos quedan desprotegidos, sin posibilidad de negociar condiciones más justas y enfrentando desalojos o subas de precios arbitrarias.
La especulación inmobiliaria ha convertido a la vivienda en un bien de lujo inaccesible para la mayoría. La falta de una regulación efectiva y la creciente influencia del mercado sobre las condiciones habitacionales han creado un panorama en el que alquilar se vuelve un desafío cada vez más grande para la clase trabajadora.
A un año de la eliminación de la Ley de Alquileres, la situación de los inquilinos en Argentina es crítica. La flexibilización del mercado ha beneficiado a los sectores más poderosos, dejando a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. Mientras el Gobierno sostiene su postura de libre mercado, los inquilinos enfrentan incertidumbre, endeudamiento y una precarización creciente de sus condiciones de vida.
La encuesta de diciembre de 2024 de Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos deja en claro que sin una regulación clara y efectiva, el derecho a una vivienda digna sigue estando lejos de ser una realidad para millones de argentinos.
Fuente: Encuesta Nacional Inquilina - Diciembre 2024 - Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos.
Durante el día de hoy entrevistamos a Emilio Friszman referente de APDH CABA -y coordina la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales del organismo. En este caso analizamos la vulneración del alimento como Derecho Humano atravesado por el costo de la guerra comercial 2.0 reiniciada por Trump, en donde lo único que logrará es profundizar la inseguridad alimentaria en Argentina.
El abogado constitucionalista cordobés reflexiona basándose en un DNU cuestionado por su inconstitucionalidad. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un paso hacia la privatización de un servicio esencial?. De esta manera advierten sobre los peligros de perder el control estatal sobre la energía y denuncian una estrategia que podría derivar en tarifazos y falta de inversión, como ocurrió con Edesur y Edenor.
El acceso a la energía es un pilar fundamental para garantizar una vida digna, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Como afirma Cecilia Sánchez de Ecologistas en Acción, "la idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano y básico al que tenemos derecho simplemente por el hecho de ser seres humanos". Este derecho no solo permite la satisfacción de necesidades básicas, sino que también es instrumental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y la alimentación.
