Tres gigantes exportadores controlan casi el 40% del comercio agroindustrial argentino. En un contexto de inflación alimentaria y crisis global, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la campaña 2023/24 revela cómo Viterra, Cargill y COFCO concentran el poder en el corazón del modelo agroexportador. La nota analiza la arquitectura empresarial, los recursos estratégicos que están en juego y la necesidad urgente de debatir la soberanía sobre el alimento y las divisas.
Con el cierre del ciclo agrícola 2023/24, el mapa del poder agroexportador argentino confirma una tendencia sostenida en la última década: la concentración de las exportaciones en manos de un puñado de grandes corporaciones transnacionales. Lejos de una democratización del comercio exterior o del agregado de valor en origen, los datos revelan que el corazón de la economía argentina sigue siendo administrado por muy pocos jugadores. Y son globales.
Según el informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario, tres empresas controlaron casi el 40% del total de las exportaciones agroindustriales del ciclo 2023/24: Viterra (13,55 Mt), Cargill (11,38 Mt) y COFCO (10,33 Mt). Este tridente concentra más de un tercio del volumen exportado y lidera el ranking de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), instrumento clave para medir la salida de productos al mercado internacional.
Este fenómeno no es nuevo, pero cobra mayor relevancia en un contexto de crisis alimentaria global y de disputa geopolítica por los recursos naturales estratégicos. En ese marco, el control de la producción, la logística y la comercialización de commodities como la soja, el maíz o el trigo no es solo una cuestión económica: es una palanca de poder político.
El liderazgo de estas corporaciones no es uniforme en todos los cultivos, pero sí dominante en la mayoría. La campaña 2023/24 mostró un fuerte repunte del complejo soja y maíz (con aumentos del 29% y 16% sobre el promedio de las últimas tres campañas, respectivamente), mientras que el trigo sufrió una abrupta caída del 61% respecto al ciclo anterior.
Este comportamiento evidencia una capacidad de adaptación de las grandes firmas a los ciclos productivos y al contexto climático —en este caso, afectado por la sequía de 2022/23—, pero también una posición privilegiada para manejar inventarios, negociar anticipadamente y aprovechar asimetrías regulatorias. A esto se suma que, con el desmantelamiento de los cupos de exportación, ya no necesitan asegurar volúmenes por fuera de la lógica del negocio. Así, el mercado se desregula en favor de quienes ya lo dominaban.
El complejo agroexportador argentino no solo representa el grueso de las divisas que ingresan al país, sino que además administra insumos claves —como los fertilizantes, la logística portuaria, el almacenamiento en silo bolsa— y tiene acceso privilegiado al financiamiento internacional.
No se trata, entonces, solo de quién vende más, sino de quién controla las infraestructuras críticas del modelo agroalimentario. En ese marco, la extranjerización del comercio agroindustrial significa también la extranjerización de decisiones sobre los tiempos de acopio, el flujo de divisas y el abastecimiento interno.
El informe advierte además que, de cara a la campaña 2024/25, las ventas anticipadas están en su nivel más bajo en cinco años, lo que implica que las grandes empresas están optando por estrategias más conservadoras, con embarques cercanos, en función del cambiante escenario macroeconómico y regulatorio.
El hecho de que Viterra (Glencore), Cargill y COFCO (corporación estatal china) lideren el ranking de exportaciones agroindustriales no puede ser interpretado como una mera curiosidad técnica. Implica que el grueso de las decisiones sobre qué, cómo y cuándo se exporta está en manos de intereses que no responden ni a productores ni a consumidores argentinos, sino a lógicas transnacionales de maximización de beneficios.
En un contexto donde la inflación de alimentos golpea a los sectores populares y donde la soberanía alimentaria se vuelve una bandera regional, resulta urgente reabrir el debate sobre el rol del Estado en la comercialización de granos, la integración de cadenas de valor locales y el derecho a una alimentación accesible y de calidad.
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