Una radiografía social cruda fue elaborada por CELS, ACIJ, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET y la EIDAES. Entre el 12 y el 26 de noviembre de 2022 relevaron, mediante entrevistas telefónicas a más de 1500 personas inquilinas del AMBA, datos alarmantes sobre deuda, condiciones de vivienda y acceso al mercado de alquiler. El objetivo que tuvo el informe fue visibilizar el deterioro habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires y contribuir a un debate regional e internacional sobre el derecho a la vivienda.
Los datos son demoledores: la mitad de les inquilines del AMBA alquila sin contrato escrito. Esto significa vivir por fuera del amparo legal, sin previsibilidad, sin posibilidad de reclamar ante aumentos o desalojos arbitrarios.
Lo más grave: más del 60% de quienes alquilan sufren aumentos por fuera de la ley, lo que incluye el 12% que sufre subas cada tres meses y un 15% todos los meses. La ley establece actualizaciones anuales, pero en la práctica, la “libre negociación” se traduce en abuso sistemático.
Incluso entre quienes alquilan por inmobiliaria, un 11% no tiene contrato escrito, y un 33% admite aumentos ilegales. Esto da cuenta de la ausencia de control estatal sobre un mercado desregulado que expulsa a sus habitantes.
Endeudarse no es una excepción, es parte del modo de vida inquilino. El 63% está endeudado y, de ese total, el 62% pidió dinero para pagar el alquiler. Se consolida así una economía del alquiler sostenida por redes informales, familiares, o prestamistas particulares, que representan el 51% de los casos, por encima de los préstamos bancarios (35%).
Más aún, quienes están al día con el alquiler presentan más niveles de endeudamiento que quienes deben un mes o más. ¿Por qué? Porque priorizan pagar el techo por sobre cualquier otra obligación, incluso si eso implica acumular deudas en cadena o caer en mora con la tarjeta, servicios, impuestos o cuotas de salud y educación.
La encuesta revela una dimensión estructural: los hogares encabezados por mujeres están más endeudados, más atrasados con los pagos y tienen menor capacidad de ahorro. Solo el 16% pudo ahorrar algo el mes anterior al relevamiento, frente al 20% de los varones. Además, las mujeres presentan más atrasos con bancos (36% vs. 30%) y con familiares o amigues (55% vs. 46%).
El impacto de género se agrava en los casos de alquiler informal, donde las mujeres, personas trans o no binaries son mayoría entre quienes alquilan sin contrato, en hoteles familiares, inquilinatos o pensiones. En estos lugares, el 84% sufre aumentos de alquiler en plazos inferiores a los permitidos.
Más del 35% de les inquilines no alquila una vivienda completa, sino una habitación. Esto implica compartir baños, cocinas y, muchas veces, convivir con desconocidos. En villas y asentamientos esta cifra trepa al 66%. Entre les jóvenes jefes de hogar (16 a 29 años), más de la mitad vive así.
El resultado: el 58% de quienes destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler vive hacinado, y en los casos de habitaciones en hoteles o pensiones el hacinamiento alcanza al 75%. Esto, sumado a que el 38% de las viviendas reporta graves problemas edilicios, configura un mapa de emergencia habitacional.
El 62% de les inquilines cambió de vivienda al menos una vez en los últimos cinco años. En el 44% de los casos, el motivo fue ajeno a su voluntad: por no poder pagar el alquiler o porque el propietario decidió no renovar el contrato. Solo el 47% espera poder quedarse en su vivienda actual los próximos seis meses. Y un 21% ya anticipa que su próxima vivienda será peor: más chica, mal ubicada o compartida.
El acceso a una vivienda está mediado por barreras cada vez más excluyentes. El 76,5% de quienes buscaron alquilar tuvo dificultades para cumplir los requisitos. Las más frecuentes: no tener garantía propietaria, tener niñes o adultes a cargo, ser migrante, mujer o disidencia sexual. El mercado formal se cierra sobre sí mismo y empuja a les más vulnerables a aceptar condiciones ilegales o peligrosas.
El relevamiento pone blanco sobre negro: en el AMBA, alquilar ya no es una etapa transitoria en la vida urbana, sino una forma de exclusión constante. La inestabilidad, la informalidad, el endeudamiento y la falta de contratos se combinan en un cóctel que violenta el derecho a la vivienda digna.
Lejos de ser una excepción, esta realidad afecta a una mayoría cada vez más amplia. Y si el Estado no interviene de manera urgente y estructural, la crisis habitacional no solo continuará, sino que se agravará.
Este análisis se basa en el artículo de C.R. Mason y C.R. Zoppi sobre el cooperativismo de consumo en la Argentina. Recorre su historia, sus logros, dificultades y su vigencia actual como herramienta colectiva para acceder a bienes esenciales
El 4 de abril de 2024, el abogado constitucionalista Christian Alberto Cao publicó en el blog de la Fundación Hay Derecho un artículo muy interesante que compartimos. Allí analiza en profundidad las implicancias jurídicas y sociales de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei. El autor sostiene que esta desregulación implica una grave afectación del derecho constitucional a una vivienda digna, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y advierte sobre los riesgos de dejar un sector tan sensible exclusivamente librado a las reglas del mercado.
Mientras miles de familias alquilan en condiciones precarias dentro de villas y asentamientos, las políticas públicas siguen sin reconocerlas como sujetas de derecho. En su mayoría mujeres jefas de hogar, estas familias enfrentan altos costos, inseguridad habitacional y nula protección legal. El informe elaborado por la Mgter. Julia Gabosi en 2021 revela la urgencia de una política habitacional que las contemple.
