👉🏽 Excluidos del techo: mujeres, migrantes y trabajadores informales
Mientras los precios de los alquileres se disparan y la oferta de viviendas se reduce, miles de inquilinos enfrentan un panorama desesperante. Mujeres, migrantes y trabajadores informales son los más afectados en un mercado sin regulaciones y con condiciones cada vez más abusivas. Un informe reciente del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA), coordinado por Daniel Godoy y Tomás Raña, publicado en 2024, revela los índices alarmantes de endeudamiento y exclusión que profundizan la crisis.
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Editorial
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Fuente: Foto extraida del Informe 3ª parte IEF-CTA
El acceso a la vivienda en Argentina se ha convertido en un problema estructural que golpea con fuerza a los sectores trabajadores. Un informe reciente del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA) expone con detalle la magnitud de la crisis habitacional que enfrenta el país, agravada desde la asunción del gobierno de Javier Milei. La situación se enmarca en un contexto donde el aumento descontrolado de los precios de los alquileres, la precarización laboral y la falta de regulaciones efectivas han profundizado la vulnerabilidad de miles de familias.
En este informe, no solo se analiza el incremento sostenido de los valores de los alquileres, sino también el impacto diferenciado que este fenómeno tiene sobre distintos sectores de la sociedad. Desde jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda hasta adultos mayores que deben regresar a vivir con sus hijos por la imposibilidad de sostener un alquiler, la problemática del acceso a la vivienda se ha convertido en un problema transversal que afecta a todos los sectores.
Índices alarmantes
Según el informe, el peso del alquiler en los ingresos de los hogares ha alcanzado niveles insostenibles. "El alquiler representa en promedio el 32,6% del total de los ingresos de los inquilinos —sin considerar expensas u otros gastos asociados—", detalla un estudio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la realidad es aún más grave en los sectores más empobrecidos: en la zona sur de la ciudad, el 20% de los hogares destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler.
Las cifras del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) son igualmente preocupantes: en octubre de 2023, la mediana de los monoambientes en Capital Federal era de $180.000, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil apenas llegaba a $132.000, cubriendo solo el 73,3% del alquiler.
El informe también subraya que "en el 2021, el 24% de los hogares destinaron más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler; en 2022, esa proporción aumentó al 32%". Este encarecimiento impacta de manera directa en la capacidad de ahorro de los trabajadores, obligando a muchos a endeudarse para poder afrontar los costos básicos de vivienda. Esta situación afecta especialmente a aquellos sectores que no cuentan con empleos formales y que deben recurrir a fuentes de financiamiento informales, incrementando así su vulnerabilidad financiera.
La problemática del sector: exclusión y desigualdad
El acceso a la vivienda en Argentina está dominado por el mercado, sin una oferta pública que regule la disponibilidad y los precios. Esto ha permitido la consolidación de prácticas excluyentes que afectan a los sectores más vulnerables. "Los requisitos económicos y sociales funcionan como un mecanismo de exclusión. Muchas inmobiliarias exigen ingresos que tripliquen el valor del alquiler o la figura de un garante propietario, condiciones imposibles de cumplir para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras", señala el informe.
Además, esta exclusión se traduce en la búsqueda de soluciones habitacionales precarias, como la cohabitación forzada, el alquiler en hoteles-pensión o directamente la ocupación de inmuebles. La falta de regulación y el abandono estatal en esta materia generan un mercado de alquileres paralelos, donde los inquilinos no cuentan con ningún tipo de derecho y deben aceptar condiciones abusivas para acceder a un techo.
Las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ enfrentan barreras adicionales al momento de alquilar, debido a la brecha salarial y las restricciones de índole legal y socio-cultural. La "feminización de la pobreza" es una de las consecuencias más visibles de esta crisis. Según el informe, el 44% de los hogares inquilinos están a cargo de mujeres, y en el caso de los hogares monoparentales, este porcentaje se eleva al 80%. "Las mujeres son quienes más consultan sobre problemas de alquiler, lo que demuestra que son ellas las que se encargan mayormente de las gestiones y enfrentan la mayor carga emocional y económica", concluye el documento.
Endeudamiento y alquiler informal
Uno de los fenómenos más alarmantes es el crecimiento del endeudamiento para afrontar el pago del alquiler. "Más del 65% de los hogares inquilinos del AMBA vio restringidos sus ingresos durante la pandemia y tuvo que endeudarse", revela un estudio del CELS e IDAES. La situación es aún más crítica en la provincia de Buenos Aires, donde el 46% de los hogares inquilinos tomaron deudas para pagar alquileres, frente al 32% en la Ciudad de Buenos Aires.
El alquiler informal, otra de las consecuencias de la crisis habitacional, se ha incrementado significativamente. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), el 3% de las viviendas en estos barrios son alquiladas, pero si se incluyen las viviendas "prestadas" (una forma encubierta de alquiler informal), este porcentaje se duplica. La falta de contratos formales, la inestabilidad y el hacinamiento caracterizan este tipo de alquiler, que afecta mayormente a mujeres, migrantes y trabajadores informales.
La influencia de las plataformas digitales
El mercado de alquileres temporarios ha agravado la crisis habitacional. "Desde abril de 2016 hasta 2019, la oferta de Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires creció un 173%, triplicando la cantidad de inmuebles destinados a alquiler turístico", señala el informe. Esta expansión ha reducido drásticamente la disponibilidad de viviendas para alquiler permanente, generando un "desplazamiento en cadena" que obliga a los inquilinos a trasladarse a zonas más alejadas y encarece el acceso a la vivienda.
El impacto de las políticas del gobierno de Milei
La administración de Javier Milei ha profundizado la crisis habitacional con medidas que favorecen al sector inmobiliario. "El DNU 70/23 modificó profundamente el Código Civil, otorgando total libertad al mercado para imponer sus condiciones", alerta el informe. Esta flexibilización ha permitido aumentos desmedidos en los precios y ha dejado a los inquilinos en una situación de mayor vulnerabilidad.
A pesar de que la derogación de la Ley de Alquileres incentivó un aumento en la oferta de propiedades, los precios siguen en ascenso, empujados por la inflación y la especulación del sector. "Se han registrado numerosos casos de presiones ilegales sobre inquilinos para renegociar contratos bajo las nuevas reglas del mercado, lo que ha llevado a un incremento en la cantidad de desalojos y un aumento del mercado informal", advierte el informe.
La falta de respuestas del Estado y la creciente especulación inmobiliaria configuran un escenario cada vez más adverso para quienes buscan acceder a una vivienda digna. Con índices que revelan el deterioro de las condiciones habitacionales y el endeudamiento de los hogares, la crisis de los alquileres en Argentina sigue profundizándose sin una solución a la vista.
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