El acceso a la energía es un pilar fundamental para garantizar una vida digna, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Como afirma Cecilia Sánchez de Ecologistas en Acción, "la idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano y básico al que tenemos derecho simplemente por el hecho de ser seres humanos". Este derecho no solo permite la satisfacción de necesidades básicas, sino que también es instrumental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y la alimentación.
La pobreza energética en Argentina ha sido objeto de estudio en los últimos años con el fin de precisar su alcance y generar indicadores más específicos. De acuerdo con el informe "Pobreza energética en la Argentina: propuestas conceptuales y metodológicas para su diagnóstico" de Gabriela Rijter, Anabella Ruiz, Rubén Calvo, Anahí Urquiza y Rubén Contreras Lisperguer, publicado por la CEPAL, la pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable.
Según este informe, la pobreza energética no solo depende del acceso a la electricidad o el gas, sino también de la calidad del suministro, el gasto en energía en relación con los ingresos familiares, la calidad de la vivienda y el acceso a servicios energéticos adecuados. Los principales indicadores que permiten medir esta problemática incluyen:
Hogares sin acceso a electricidad: A pesar de que más del 99% de los hogares en Argentina están conectados a la red eléctrica, aún existen 9.268 hogares sin acceso a esta fuente energética esencial.
Frecuencia y duración de interrupciones del suministro eléctrico: Un suministro inestable impacta en la refrigeración de alimentos, el uso de tecnologías de información y la calefacción en invierno.
Gasto en energía y endeudamiento: En 2018, el 26,9% de los hogares argentinos estaba en situación de pobreza energética, con tasas superiores al 30% en la Patagonia.
Acceso a servicios energéticos de calidad: En el Noreste de Argentina, un 6,6% de los hogares no cuenta con ventiladores ni aire acondicionado en zonas de altas temperaturas, mientras que en la Patagonia, el 5,4% de los hogares no dispone de calefacción adecuada.
La pobreza energética no puede analizarse como una simple carencia material; es una situación que vulnera derechos esenciales. Como expone Jessica Gentile, coordinadora de la Red Ecosocialista del MST, "en el marco de que nuestro país hoy está pasando muy mal con un 60% de pobres, también tenemos que poner el ojo en garantizar la accesibilidad a la energía como derecho humano". La imposibilidad de acceder a energía adecuada impacta en la salud, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de millones de personas, sobre todo en sectores marginalizados.
La comunidad internacional ha reconocido implícitamente el derecho a la energía en varios instrumentos. Como mencionan García y Mundó (2014), algunos de los tratados que respaldan este derecho son:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que establece el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a energía.
Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (2004), donde se reconoce el derecho de todo ser humano a disponer de agua potable, saneamiento y energía.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que considera la energía un elemento esencial para una vivienda adecuada.
Garantizar el acceso a la energía significa considerarla un bien común y no una mercancía. Como sostiene Cecilia Sánchez, cada día se alzan más voces que exigen su reconocimiento en los textos constitucionales, dotándolo de garantías jurídicas que aseguren su acceso universal. La energía no debe depender de la capacidad adquisitiva de las personas, sino estar garantizada como un derecho humano inalienable.
Para ello, es necesario repensar el modelo energético actual. Como señala Jessica Gentile, "hoy asistimos a un plan de saqueo y expansión de fronteras extractivas que prioriza la explotación petrolera por sobre las necesidades básicas de la población". Es imperativo transitar hacia un modelo energético basado en energías renovables, accesibles y sustentables, garantizando a la vez la participación social en la toma de decisiones sobre recursos energéticos.
El derecho a la energía es más que una demanda técnica o política; es una exigencia de justicia social. No se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando millones de personas viven en la precariedad energética, obligadas a elegir entre pagar la factura de luz o alimentarse. Como reflexiona Cecilia Sánchez, "los derechos humanos son garantías universales que protegen a los individuos y a los grupos de acciones u omisiones que interfieren con sus libertades". Es hora de que el acceso a la energía deje de ser una variable de mercado y se convierta en un derecho plenamente exigible para todos y todas, especialmente para quienes más lo necesitan.
Fuentes
García y Mundó (2014). "El derecho humano a la energía en los marcos internacionales". Publicación en Derechos Humanos y Energía.
Durante el día de hoy entrevistamos a Emilio Friszman referente de APDH CABA -y coordina la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales del organismo. En este caso analizamos la vulneración del alimento como Derecho Humano atravesado por el costo de la guerra comercial 2.0 reiniciada por Trump, en donde lo único que logrará es profundizar la inseguridad alimentaria en Argentina.
Esa es la disyuntiva que enfrentan miles de inquilinos en Argentina tras la eliminación de la Ley de Alquileres con el Decreto 70/2023. Una reciente encuesta realizada en diciembre de 2024 por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos revela una realidad alarmante: alquileres impagables, contratos cada vez más cortos, aumentos exorbitantes y una ola de endeudamiento que sumerge a las familias en una crisis sin precedentes. La especulación inmobiliaria impone sus reglas y deja en el olvido el derecho a una vivienda digna.
El abogado constitucionalista cordobés reflexiona basándose en un DNU cuestionado por su inconstitucionalidad. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un paso hacia la privatización de un servicio esencial?. De esta manera advierten sobre los peligros de perder el control estatal sobre la energía y denuncian una estrategia que podría derivar en tarifazos y falta de inversión, como ocurrió con Edesur y Edenor.
