La crisis de Cañada Real en 2020: Plataforma Luz Ya y la lucha por el derecho a la electricidad
Desde octubre de 2020, más de 4.000 personas en Cañada Real, Madrid, viven sin suministro eléctrico tras el corte realizado por Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy). Ante la falta de respuesta institucional, la Plataforma Cívica Luz Ya emergió como un movimiento ciudadano que denuncia la vulneración de derechos básicos y exige soluciones urgentes
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Fuente: Foto El salto
Un apagón que dejó al descubierto el abandono institucional
Cañada Real, un barrio habitado desde los años 50, ha sido históricamente marginado de los planes urbanísticos de Madrid. Sin acceso a servicios básicos como transporte público, recogida de basura o mensajería, la comunidad ha resistido en condiciones de precariedad. Sin embargo, la situación se agravó drásticamente con la suspensión del suministro eléctrico en 2020.
Desde entonces, miles de familias han debido afrontar inviernos gélidos sin calefacción, veranos extremos sin refrigeración y dificultades para conservar alimentos, acceder a la educación o recibir atención médica. Esta crisis, lejos de ser una simple cuestión técnica, ha sido denunciada como una forma de desalojo encubierto, impulsada por la presión urbanística sobre la zona (El Salto Diario, 2024).
El Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones a actuar, subrayando que el derecho a la electricidad es un servicio básico esencial y que su privación prolongada vulnera los derechos humanos de la comunidad, especialmente de los niños y niñas que habitan en la zona (Defensor del Pueblo, 2024).
El nacimiento de la Plataforma Luz Ya
Frente a la falta de respuesta de las autoridades, la comunidad decidió organizarse. Así surgió la Plataforma Cívica Luz Ya para Cañada Real, con el objetivo de visibilizar la crisis y exigir soluciones inmediatas. Desde su creación, esta plataforma ha puesto en marcha una lucha basada en tres demandas fundamentales:
Restablecimiento del suministro eléctrico: Exigir la reconexión de la luz de manera estable y legal.
Contratos de suministro: Regularizar la situación de los vecinos para garantizar su acceso seguro a la electricidad.
Mesa de seguimiento con las administraciones: Un espacio de diálogo para abordar las soluciones de manera estructural.
Sin embargo, lejos de encontrar una solución, los habitantes han visto cómo se instalan limitadores de potencia en la subestación de Rivas, impidiendo el acceso pleno a la electricidad y profundizando la crisis energética en la zona.
Una condena internacional contra España
El caso de Cañada Real ha escalado a nivel internacional. En 2024, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió una resolución en la que condenó al Estado español por vulnerar derechos humanos básicos, al no garantizar el acceso a la electricidad en esta comunidad. Según el informe de Naciones Unidas, la falta de energía afecta gravemente a la infancia, generando desigualdades educativas y sanitarias irreversibles (El Salto Diario, 2024).
Ante este pronunciamiento, las administraciones han mantenido un silencio administrativo, mientras que la Plataforma Luz Ya sigue reclamando soluciones.
Una lucha que no se apaga
A más de tres años del apagón, la situación en Cañada Real sigue siendo un reflejo del abandono institucional. Las familias continúan luchando por su derecho a la luz, la permanencia en sus hogares y el reconocimiento de su dignidad. Mientras tanto, organismos como el Defensor del Pueblo y Naciones Unidas han señalado la urgencia de una solución estructural que garantice el acceso a la electricidad como un derecho fundamental.
La Plataforma Luz Ya sigue en pie, recordando a las autoridades su lema: "Luz, contratos y mesa de seguimiento", con la esperanza de que la oscuridad impuesta sobre Cañada Real no se convierta en norma, sino en el motor de un cambio urgente y necesario.
La masacre ocurrió la noche del viernes 10 de noviembre, cuando un grupo armado llegó al asentamiento en diez vehículos y cinco motocicletas. Los atacantes dispararon contra un grupo de 15 militantes del MST que se encontraban reunidos en un espacio comunitario. De esta manera el grupo transformo la tragedia en una nueva reivindicación por la soberanía alimentaria, visibilizando el conflicto político por la tenencia de tierra y la especulación inmobiliaria.
En marzo de 2020, mientras el mundo se paralizaba por la pandemia, la Alianza Internacional de Habitantes exigía que ningún ser humano fuera desalojado en medio del caos sanitario. Hoy, cinco años después, las demandas de aquel llamado siguen resonando en barrios, villas y periferias del mundo.
