Un nuevo golpe a la regulación energética revive los errores del pasado, según el informe 'Breves consideraciones sobre el proceso de desregulación energética' del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. En nuestro segmento Biblo Consumerista repasamos su escrito como una forma de levantar voces que reflejan nuevas posibilidades desde la literatura critica y alternativa al hermético mundo energético.
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema energético y expone al país a escenarios de incertidumbre ya vividos en el pasado.
De esta manera el pasado 10 de julio de 2024, el gobierno nacional oficializó un giro radical en la política energética mediante la Resolución 150/2024, que marca el desmantelamiento del esquema regulador en el sector eléctrico y un regreso a los principios de desregulación establecidos en la década del 90. Este cambio, impulsado por el Ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, impacta directamente en el rol de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), debilitando su función de intervención y estabilización en la compra y distribución de combustibles para la generación eléctrica.
Para comprender la magnitud de esta decisión, es esencial revisar el contexto previo. En 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se estableció la Resolución 2022, que asignaba a CAMMESA un papel de compensador en el mercado eléctrico, asegurando la compra de combustibles líquidos y la estabilización de precios en la generación de energía. Esta medida surgió como respuesta a los efectos de la dolarización y la privatización del sector durante los años 90, cuando la desregulación energética dejó al mercado expuesto a la volatilidad y a los intereses privados sin contrapeso estatal.
Bajo este esquema, CAMMESA también manejaba un fondo de estabilización del mercado eléctrico mayorista, protegiendo a consumidores y empresas generadoras de los vaivenes del precio de los combustibles y garantizando el suministro de gas natural en períodos críticos. Sin embargo, esta estructura nunca fue parte de un plan integral de reforma energética, sino que operó como un conjunto de medidas paliativas en un sistema que mantenía, en esencia, el marco normativo heredado de la década del 90.
El gobierno de Milei, bajo la justificación de una "emergencia energética" declarada en diciembre de 2023, derogó la Resolución 2022 y eliminó la función de CAMMESA como actor regulador y compensador del mercado. Según los argumentos oficiales, esta intervención estatal resultaba en "un involucramiento excesivo del Estado" y debía ser eliminada para fomentar la "libre competencia" entre los actores privados del sector eléctrico.
El informe del IPyPP advierte que esta decisión se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación económica que busca reducir al mínimo el papel del Estado en sectores estratégicos, devolviendo a las empresas privadas la responsabilidad de abastecerse de combustibles para la generación eléctrica. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por su falta de planificación y su alto riesgo en un contexto de crisis económica e inflación descontrolada.
Uno de los principales riesgos de esta desregulación es la incertidumbre sobre quién asumirá el rol que desempeñaba CAMMESA en la compra y distribución de combustibles. El sector privado ha expresado dudas sobre su capacidad para asumir esta función sin afectar los precios de la energía. Sin un organismo que estabilice los costos de generación, el mercado queda expuesto a la especulación y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y el gas, lo que podría derivar en aumentos tarifarios sin precedentes para los consumidores.
Además, la medida afecta la seguridad energética del país. Hasta ahora, la intervención de CAMMESA garantizaba el abastecimiento de combustibles en momentos de escasez, como sucedió en mayo de 2024, cuando el organismo debió sufragar cargamentos de combustibles líquidos para evitar cortes en el suministro. La eliminación de este rol deja al sistema eléctrico en una posición vulnerable frente a futuras crisis.
La Resolución 150/2024 representa una vuelta a los principios de desregulación establecidos en los años 90, que resultaron en un mercado energético controlado por grandes empresas privadas con escasa intervención estatal. En aquel entonces, este modelo llevó a una crisis de inversión en infraestructura y a un incremento en la dependencia de importaciones de combustibles.
El IPyPP señala en su análisis que hoy la situación no es muy diferente: la desregulación energética impulsada por el gobierno de Milei abre la puerta a una mayor concentración del mercado y a una posible crisis de abastecimiento, sin un esquema claro de transición. Las dudas sobre la viabilidad de la medida y la falta de precisiones sobre cómo se reemplazará la función de CAMMESA refuerzan la percepción de que se trata de una apuesta arriesgada en un momento de profunda fragilidad económica.
En definitiva, este giro desregulador se alinea con la visión ideológica del gobierno, pero plantea serias interrogantes sobre su efectividad y sus consecuencias para el sistema energético y la economía en general. En el afán de reducir la intervención estatal, se corre el riesgo de desmantelar mecanismos esenciales para la estabilidad y previsibilidad del sector, trasladando los costos de la incertidumbre a los usuarios y a la producción industrial del país.
Este análisis se basa en el artículo de C.R. Mason y C.R. Zoppi sobre el cooperativismo de consumo en la Argentina. Recorre su historia, sus logros, dificultades y su vigencia actual como herramienta colectiva para acceder a bienes esenciales
El 4 de abril de 2024, el abogado constitucionalista Christian Alberto Cao publicó en el blog de la Fundación Hay Derecho un artículo muy interesante que compartimos. Allí analiza en profundidad las implicancias jurídicas y sociales de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei. El autor sostiene que esta desregulación implica una grave afectación del derecho constitucional a una vivienda digna, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y advierte sobre los riesgos de dejar un sector tan sensible exclusivamente librado a las reglas del mercado.
Una radiografía social cruda fue elaborada por CELS, ACIJ, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET y la EIDAES. Entre el 12 y el 26 de noviembre de 2022 relevaron, mediante entrevistas telefónicas a más de 1500 personas inquilinas del AMBA, datos alarmantes sobre deuda, condiciones de vivienda y acceso al mercado de alquiler. El objetivo que tuvo el informe fue visibilizar el deterioro habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires y contribuir a un debate regional e internacional sobre el derecho a la vivienda.
