📌 Según el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en los dos primeros meses de 2025, 56 víctimas de femicidio fueron registradas en Argentina. La mayoría fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en sus propios hogares. Las cifras exponen la urgencia de medidas efectivas para prevenir estos crímenes y proteger a las mujeres. Fuente: La Casa del Encuentr
El informe detalla que la franja etaria más afectada por los femicidios es la de mujeres entre 31 y 50 años, con 22 casos, seguida por las de 19 a 30 años (14 casos) y 51 a 65 años (9 casos). En cuanto a los femicidas, 21 de ellos tenían entre 31 y 50 años, mientras que en 16 casos no se obtuvo información sobre su edad.
El vínculo entre víctima y femicida es un factor clave en estos crímenes: 21 de las mujeres asesinadas fueron víctimas de sus parejas y 11 de sus exparejas. Además, se registraron cinco casos en los que los agresores fueron hijos o hijastros de la víctima, cinco casos en los que eran conocidos o vecinos y cuatro en los que se trató de otros familiares. Nueve de las mujeres no tenían un vínculo aparente con el asesino.
En cuanto a los escenarios de los crímenes, la mayoría ocurrieron en la vivienda de la víctima (24 casos) o en una vivienda compartida con el agresor (13 casos). Otros lugares de asesinato incluyen la vía pública (9 casos), el domicilio del femicida (2 casos) y otros predios o zonas descampadas.
El análisis de las modalidades del crimen es impactante: 16 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, 11 fueron golpeadas, 9 ahorcadas, 6 apuñaladas, 4 degolladas y 2 incineradas. Además, el informe destaca que 10 víctimas habían realizado denuncias previas contra sus agresores y que 5 de los femicidas contaban con medidas cautelares de prevención dictadas por la justicia.
Un dato preocupante es que 7 femicidas eran miembros o exmiembros de fuerzas de seguridad, lo que plantea serios interrogantes sobre la relación entre violencia institucional y violencia de género.
La provincia de Buenos Aires encabeza el listado con 24 femicidios, seguida por Santa Fe (9 casos), Mendoza y Chaco (4 casos cada una). Córdoba, una de las provincias más pobladas del país, registró solo un caso, mientras que varias provincias no reportaron femicidios durante este período.
Los femicidios dejan un impacto social devastador. Según el informe, 51 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 28 son menores de edad. Además, se registraron casos de víctimas pertenecientes a pueblos originarios y mujeres migrantes, lo que evidencia la vulnerabilidad de ciertos grupos dentro de la sociedad.
Las cifras de este informe reflejan la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir los femicidios y asistir a las víctimas de violencia de género. A pesar de la existencia de políticas públicas, el aumento sostenido de estos crímenes evidencia fallas en su aplicación y la necesidad de un mayor compromiso por parte del Estado y la sociedad.
El desafío sigue siendo enorme: garantizar la seguridad y protección de las mujeres, reforzar las estrategias de prevención y brindar asistencia a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. Mientras la violencia siga cobrando vidas, la lucha por erradicarla debe ser una prioridad nacional.
Fuente: Informe Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”
Coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. 1° de enero a 28 de febrero 2025
Durante el día de hoy entrevistamos a Emilio Friszman referente de APDH CABA -y coordina la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales del organismo. En este caso analizamos la vulneración del alimento como Derecho Humano atravesado por el costo de la guerra comercial 2.0 reiniciada por Trump, en donde lo único que logrará es profundizar la inseguridad alimentaria en Argentina.
Esa es la disyuntiva que enfrentan miles de inquilinos en Argentina tras la eliminación de la Ley de Alquileres con el Decreto 70/2023. Una reciente encuesta realizada en diciembre de 2024 por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos revela una realidad alarmante: alquileres impagables, contratos cada vez más cortos, aumentos exorbitantes y una ola de endeudamiento que sumerge a las familias en una crisis sin precedentes. La especulación inmobiliaria impone sus reglas y deja en el olvido el derecho a una vivienda digna.
El abogado constitucionalista cordobés reflexiona basándose en un DNU cuestionado por su inconstitucionalidad. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un paso hacia la privatización de un servicio esencial?. De esta manera advierten sobre los peligros de perder el control estatal sobre la energía y denuncian una estrategia que podría derivar en tarifazos y falta de inversión, como ocurrió con Edesur y Edenor.
