Rosana Tuninetti referente junto a Ivana Bonetto del Colegio de Nutricionistas de Córdoba para Villa María y la Región. Por si fuera poco, es una profesional profundamente comprometida con la nutrición y la salud de la comunidad villamariense. Con una trayectoria que abarca tanto el sistema público como espacios de participación comunitaria, su palabra se vuelve una referencia cuando se trata de discutir políticas alimentarias desde un enfoque integral, social y preventivo. A través de su experiencia y compromiso, ha sido parte activa en el debate en torno a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida por la implementación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, y nos ayuda a pensar los desafíos actuales de esta normativa, especialmente frente a los recientes retrocesos legislativos.
La Ley de Etiquetado Frontal es una conquista, pero aún debe convertirse en política integral. Rosana Tuninetti insiste en que su implementación requiere controles firmes, educación alimentaria, comedores masivos y presupuesto.
“La ley funciona como advertencia, pero si no hay acceso a opciones saludables, queda en un gesto simbólico”. Por eso, su mirada une salud, alimentación, justicia social y educación. Porque como ella misma dice: “una alimentación adecuada es parte del derecho a aprender y a vivir con dignidad”.
La sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en el año 2021 en Argentina ha marcado un antes y un después en la relación de los consumidores con los productos que eligen. “Se han introducido sellos que son de advertencia en los envases de alimentos y bebidas, lo que modificó las intenciones de compra de los consumidores”, explica Tuninetti. Y lo fundamental: buscó proteger a las infancias de una inadecuada alimentación o de las publicidades engañosas.
La ley impuso un estándar claro: los productos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio, calorías, y también aquellos con edulcorantes y cafeína, debían llevar una advertencia visible, con el fin de limitar especialmente su consumo por parte de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los puntos más transformadores fue la prohibición de venta y promoción de productos con al menos un sello de advertencia en entornos escolares. “Es una decisión que marca un límite. No todo puede venderse en cualquier lugar, mucho menos en donde se forman hábitos alimentarios”, sostiene.
Pero, ¿qué pasó después? ¿Se respetó esa medida? ¿Se cumplió? Rosana responde con cautela: “El cumplimiento actual de la ley por parte de las empresas alimenticias ha sido variable. Muchas han adaptado sus productos, pero también se han reportado casos de incumplimiento y confusión normativa.”
En diciembre del 2024, algo cambió. El Estado modificó los criterios de evaluación de los sellos mediante la disposición 11.362. A primera vista, la disposición parece técnica. Pero Tuninetti lo explica con claridad: “Lo que hace esta nueva normativa es enfocar la evaluación únicamente en los nutrientes críticos agregados. Esto significa que podría reducirse la cantidad de sellos que algunos productos deben exhibir.”
Y esto no es un detalle menor. Es, en sus palabras, “una decisión que afecta directamente la percepción del consumidor y la calidad nutricional del producto”. Para una persona que, como Roxana, ha trabajado años en educación alimentaria, esta medida implica retroceder en conquistas básicas de salud pública.
Desde su rol profesional y territorial, Tuninetti visibiliza una preocupación cada vez más extendida: “Estas modificaciones benefician a la industria de alimentos ultraprocesados. Se prioriza el interés comercial por sobre la salud general de las personas.”
Y esto tiene consecuencias. “Disminuir la cantidad de sellos, reducir la información disponible en los envases, es restarle herramientas a la ciudadanía para tomar decisiones informadas. Es debilitar una ley que venía dando buenos resultados”, señala.
La profesional señala además que las advertencias no solo cumplen un rol informativo: también educan. “Los sellos son una oportunidad para hablar de nutrición, para desnaturalizar consumos instalados. En los colegios, en los hogares, en los centros de salud. El impacto educativo es inmenso.”
Desde su experiencia en espacios comunitarios, Tuninetti ha observado el modo en que la ley habilitó procesos de capacitación y concientización en instituciones públicas y privadas. “Muchas escuelas, comedores, centros de salud y organizaciones civiles trabajaron estos años para adaptar sus prácticas, cambiar menús, repensar hábitos. No podemos ignorar todo ese trabajo colectivo.”
De hecho, Tuninetti remarca el rol del Colegio de Nutricionistas: “Desde la institución impulsamos campañas, capacitaciones abiertas a la comunidad, actividades junto a consumidores, guías para mejorar la oferta alimentaria escolar. Este proceso involucró a muchos actores.”
En su análisis, hay una idea que se repite: la ley no es solo una norma. Es una herramienta de transformación. “Por eso es tan importante defenderla. Porque detrás de cada sello hay un derecho a elegir bien, a prevenir enfermedades, a proteger la salud de quienes más lo necesitan.”
Lo que está en juego, dice Tuninetti, no es solo el etiquetado. “Estamos hablando del derecho a una alimentación adecuada, al acceso a la información clara, a la protección frente a estrategias de marketing que muchas veces son engañosas.”
Frente al intento de debilitar esa herramienta, la respuesta para ella es clara: más organización, más pedagogía, más presencia territorial. “Es momento de que quienes trabajamos en salud, junto a los consumidores, retomemos el debate. No se trata solo de sellos. Se trata de soberanía alimentaria.”
Con una mirada profundamente ligada al territorio y la justicia social, Roxana Tuninetti insiste en que cada retroceso normativo debe ser enfrentado con más comunidad. “Lo que logramos fue fruto de la lucha colectiva. Lo que se intenta borrar hoy también puede revertirse. Pero hay que sostener la memoria, y sobre todo, seguir construyendo conocimiento compartido.”
La implementación del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos no fue solamente una modificación técnica en los envases: supuso un cambio estructural en la forma en que las personas pueden ejercer su derecho a elegir lo que consumen con mayor conciencia. Para que esa transformación no quede solo en una política simbólica, han sido esenciales las campañas de educación pública, cuyo objetivo es informar a la ciudadanía y empoderar al consumidor frente a la industria.
“Las medidas que se han implementado o se sostienen para educar a la población sobre el etiquetado frontal y la alimentación saludable tienen que ver con campañas de educación pública.”
Estas campañas, desarrolladas desde distintos organismos estatales, pero también a través del esfuerzo de referentes sociales y profesionales de la salud, buscan acercar el conocimiento a todos los sectores sociales, especialmente a los más vulnerables. La pedagogía de la alimentación saludable no se impone, sino que se construye colectivamente con información clara y veraz.
Entre los actores fundamentales en esta tarea se encuentran los colegios profesionales de nutricionistas, quienes no solo han intervenido en la difusión del etiquetado, sino que además han promovido capacitaciones continuas a profesionales de la salud y a docentes, eslabones clave en la transmisión cotidiana de hábitos alimentarios.
“También todo lo que ha llevado adelante los diferentes colegios profesionales en cuanto a lo que es la capacitación de profesionales y de educadores sobre la importancia de la alimentación saludable y la interpretación del etiquetado.”
Rosana Tuninetti ha sido una de las voces que con firmeza y coherencia ha sostenido que no alcanza con saber qué significa un sello negro en un envase. Para ella, el verdadero cambio se produce cuando las personas comprenden por qué ese sello está allí y qué consecuencias puede tener una alimentación basada en productos ultraprocesados.
Tuninetti ha participado activamente en talleres, charlas abiertas, proyectos escolares y comunitarios, donde ha acompañado procesos de formación con un enfoque integral: la alimentación saludable no es solo una elección personal, sino un derecho colectivo que debe garantizarse desde el Estado y con el acompañamiento técnico de quienes se desempeñan en el campo de la salud y la nutrición.
“Siempre buscando empoderar a los consumidores y también aquellos que están involucrados en la temática o que tienen que ser parte de la temática o de las decisiones.”
Esta visión participativa también tiene un horizonte de futuro: la sostenibilidad y la efectividad de la Ley de Etiquetado Frontal no dependen exclusivamente del marco normativo, sino de la capacidad del gobierno de hacerla cumplir, del grado de compromiso del sector privado y, muy especialmente, del nivel de concientización de la sociedad.
“Como perspectiva futura para la implementación y efectividad de la ley, dependerá de la capacidad del gobierno para cumplir las regulaciones, la respuesta de la industria alimentaria y el nivel de educación y concientización de los consumidores.”
En este punto, la sociedad civil y la comunidad de salud pública tienen un rol irremplazable. La presión organizada, la vigilancia social y la exigencia permanente de políticas públicas que garanticen el acceso a una alimentación saludable son herramientas indispensables para que el etiquetado frontal no sea letra muerta, sino una estrategia viva, presente en cada comedor escolar, en cada compra del supermercado, en cada decisión cotidiana que atraviesa la mesa de las familias.
“La presión de la sociedad civil y la comunidad de salud pública será crucial para asegurar que la ley cumpla su objetivo, sobre todo mejorar la salud pública en la Argentina.”
La experiencia de Rosana Tuninetti demuestra que una ley no se defiende sola. Se defiende con presencia territorial, con conocimiento compartido y con vocación de servicio. Ella ha sido parte de ese entramado que se teje en escuelas, centros de salud, ferias populares y medios de comunicación, donde la nutrición deja de ser un discurso elitista y se convierte en una herramienta de transformación.
Porque en definitiva, como señala Tuninetti, el verdadero objetivo del etiquetado frontal es construir ciudadanía alimentaria: personas que no solo saben qué consumen, sino que pueden exigir condiciones dignas para hacerlo. Desde Villa María, su voz se multiplica en muchas otras que, como ella, sostienen que la salud pública se cuida con políticas activas, educación y compromiso social.
Elizabeth Sastre, profesional del rubro inmobiliario de Villa María, analiza el contexto actual del mercado de alquileres y las dificultades que enfrentan los inquilinos en un escenario de inflación y cambios regulatorios.
